Suele ser normal que las políticas públicas se elaboren
sin contar con sus destinatarios, mucho menos si éstos son poblaciones
indígenas, originarias y campesinas.
Sin embargo, algo ha cambiado en Bolivia: el nuevo contexto
político y la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), en La Paz, están
contribuyendo a generar espacios de participación democrática a
quienes, hasta hace bien poco, estaban sometidos a la marginalidad.
Pueblos originarios
La UMSA cuenta desde hace más de una década con un
Programa de Derechos de los Pueblos Originarios (PDPO), en
el que participan anualmente más de un centenar de autoridades de comunidades
indígenas y campesinas. Su creador, el profesor Julio Mallea, afirma que esta
experiencia abre a los pueblos originarios las puertas de la universidad,
ofreciendo "un espacio donde compartir sus experiencias, debatir y, a partir de
su contexto, elaborar sus propias propuestas…".
Según Andrés Mamani, uno de los responsables del programa,
"hasta el año 2003 [en Bolivia] vivíamos un proceso de colonialismo interno
fuerte. Un neoliberalismo que había tratado de eliminar tanto física como
ideológicamente a las naciones originarias.Había una necesidad de
descolonización, de revalorizar, fortalecer y rearticular el derecho de
las comunidades originarias".
En este programa se integra el Centro de Investigación
Comunitaria (CIC), proyecto conjunto entre la UMSA y la Universitat de
València, cuya principal pretensión eselaborar políticas públicas a
partir del diagnóstico participativo que las propias comunidades hacen
de sí mismas.
Su organización colectiva y asamblearia ha sido, de modo
ancestral, su modo de convivencia, de designar a sus representantes y, a través
de la justicia comunitaria, de resolver sus conflictos. Lo que viene a hacer el
CIC es aportar una metodología con la que canalizar dichas propuestas,
darles forma de política pública y facilitar su conocimiento por parte
de las autoridades gubernativas. Es un método de investigación universitaria
diferente, donde la propia comunidad es el sujeto investigador, creando su
propio plan de vida.
Cayetano Núñez, profesor de la Universitat de València y
coordinador del CIC, afirma que "la metodología tiene una base conocida, la
investigación de acción participativa. La diferencia principal es que a partir
de ella se crea una propuesta propia, flexible y consensuada, en la que cada
paso es debatido de forma asamblearia por los representantes comunitarios. La
idea nace de su propia solicitud, con la pretensión de fortalecer su
protagonismo como sujetos orgánicos del proceso de cambio político y
social, en una nueva visión que cambia la tradicional dependencia de la
cooperación internacional por la emancipación, por el ejercicio pleno de sus
derechos como pueblo y como personas".
El camino es largo, dice Núñez, pero ahora hay una
voluntad real de que termine "la histórica discriminación a los pueblos
indígenas que provocó altos grados de desigualdad, todavía mayores en
las zonas rurales de las que provienen los participantes del programa. Lo que
hay hoy es un proceso de reconocimiento constitucional, de empoderamiento de la
política por las comunidades indígenas, antes excluidas, proceso del que el CIC
es un instrumento que quiere contribuir a conectar, de manera estructural, la
voluntad popular con las decisiones de gobierno".
Francisco, dirigente campesino de Ajawire de la Nación Pajacate
y uno de los participantes del programa, explica que esta experiencia, por su
utilidad práctica, "habría de extenderse a toda Bolivia", afirmando que
su objetivo es siempre la descolonización, como propuesta vital de
liberación, idea cuya utilidad "he aprendido en el curso, aunque somos
conscientes de que tiene que ser un proceso, que no va a ser de la noche a la
mañana, pero con la nueva Constitución es un avance", porque reconoce la
plurinacionalidad del Estado y de las naciones originarias.
Fortalecer las comunidades
Teodosia Durán, que también participa en el programa y ha
participado en el CIC, encuentra que esta metodología contribuye a
combatir otra lacra histórica del Estado, la burocracia, que sólo pone
trabas para presentar proyectos, sin que existan apoyos para su elaboración.
"Ahora tenemos la posibilidad de sistematizar nuestras decisiones y darles forma
administrativa, mientras somos capaces de crear una dinámica más directa y menos
complicada de hacernos escuchar".
A día de hoy se han realizado ya diez diagnósticos
participativos y hay 80 más en proceso, considerando que cada comunidad
tiene una media de mil personas. Posteriormente se sistematiza la información y
se realizan propuestas de políticas públicas a nivel local, regional y
nacional.
La vocación que tiene es fortalecer el papel social y
político de las comunidades, que el diseño de sus proyectos de vida y
desarrollo responda a su propia voluntad y que la dignificación de sus vidas,
como personas y como pueblo, esté vinculada para siempre al ejercicio
democrático de sus derechos constitucionales individuales y colectivos.//
Diagonal Periódico.net
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