Suele ser normal que las políticas públicas se elaboren sin contar con sus destinatarios, mucho menos si éstos son poblaciones indígenas, originarias y campesinas.

Sin embargo, algo ha cambiado en Bo­livia: el nuevo contexto político y la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), en La Paz, están contribuyendo a generar espacios de participación democrática a quienes, hasta hace bien poco, estaban sometidos a la marginalidad.

Pueblos originarios
La UMSA cuenta desde hace más de una década con un Programa de Derechos de los Pueblos Ori­gi­na­rios (PDPO), en el que participan anualmente más de un centenar de autoridades de comunidades indígenas y campesinas. Su creador, el profesor Julio Mallea, afirma que esta experiencia abre a los pueblos originarios las puertas de la universidad, ofreciendo "un espacio donde compartir sus experiencias, debatir y, a partir de su contexto, elaborar sus propias propuestas…".
Noticias de la UMSASegún Andrés Mamani, uno de los responsables del programa, "hasta el año 2003 [en Bolivia] vivíamos un proceso de colonialismo interno fuerte. Un neoliberalismo que había tratado de eliminar tanto física como ideológicamente a las naciones originarias.Había una necesidad de descolonización, de revalorizar, fortalecer y rearticular el derecho de las comunidades originarias".

En este programa se integra el Centro de Investigación Comuni­ta­ria (CIC), proyecto conjunto entre la UMSA y la Universitat de Va­lència, cuya principal pretensión eselaborar políticas públicas a partir del diagnóstico participativo que las propias comunidades hacen de sí mismas.

Su organización colectiva y asamblearia ha sido, de modo ancestral, su modo de convivencia, de designar a sus representantes y, a través de la justicia comunitaria, de resolver sus conflictos. Lo que viene a hacer el CIC es aportar una metodología con la que canalizar dichas propuestas, darles forma de política pública y facilitar su conocimiento por parte de las autoridades gubernativas. Es un método de investigación universitaria diferente, donde la propia comunidad es el sujeto investigador, creando su propio plan de vida.

Cayetano Núñez, profesor de la Universitat de València y coordinador del CIC, afirma que "la metodología tiene una base conocida, la investigación de acción participativa. La diferencia principal es que a partir de ella se crea una propuesta propia, flexible y consensuada, en la que cada paso es debatido de forma asamblearia por los representantes comunitarios. La idea nace de su propia solicitud, con la pretensión de fortalecer su protagonismo como sujetos orgánicos del proceso de cambio político y social, en una nueva visión que cambia la tradicional dependencia de la cooperación internacional por la emancipación, por el ejercicio pleno de sus derechos como pueblo y como personas".

El camino es largo, dice Núñez, pero ahora hay una voluntad real de que termine "la histórica discriminación a los pueblos indígenas que provocó altos grados de desigualdad, todavía mayores en las zonas rurales de las que provienen los participantes del programa. Lo que hay hoy es un proceso de reconocimiento constitucional, de empoderamiento de la política por las comunidades indígenas, antes excluidas, proceso del que el CIC es un instrumento que quiere contribuir a conectar, de manera estructural, la voluntad popular con las decisiones de gobierno".

Francisco, dirigente campesino de Ajawire de la Nación Pajacate y uno de los participantes del programa, explica que esta experiencia, por su utilidad práctica, "habría de extenderse a toda Bolivia", afirmando que su objetivo es siempre la descolonización, como propuesta vital de liberación, idea cuya utilidad "he aprendido en el curso, aunque somos conscientes de que tiene que ser un proceso, que no va a ser de la noche a la mañana, pero con la nueva Consti­tución es un avance", porque reconoce la plurinacionalidad del Estado y de las naciones originarias.

Fortalecer las comunidades
Teodosia Durán, que también participa en el programa y ha participado en el CIC, encuentra que esta metodología contribuye a combatir otra lacra histórica del Estado, la burocracia, que sólo pone trabas para presentar proyectos, sin que existan apoyos para su elaboración. "Ahora tenemos la posibilidad de sistematizar nuestras decisiones y darles forma administrativa, mientras somos capaces de crear una dinámica más directa y menos complicada de hacernos escuchar".

A día de hoy se han realizado ya diez diagnósticos participativos y hay 80 más en proceso, considerando que cada comunidad tiene una media de mil personas. Poste­riormente se sistematiza la información y se realizan propuestas de políticas públicas a nivel local, regional y nacional.


La vocación que tiene es fortalecer el papel social y político de las comunidades, que el diseño de sus proyectos de vida y desarrollo responda a su propia voluntad y que la dignificación de sus vidas, como personas y como pueblo, esté vinculada para siempre al ejercicio democrático de sus derechos constitucionales individuales y colectivos.// Diagonal Periódico.net

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